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¿Te acuerdas cuando nos vendieron la pomada de que íbamos a "rescatar la educación pública"? Era 2014 y desde La Moneda, la entonces presidenta Michelle Bachelet anunciaba con bombos y platillos el fin de la municipalización, esa herencia de la dictadura que había transformado a los alcaldes en sostenedores educativos, con más poder para firmar convenios que para garantizar calidad. La promesa era clara: quitarle la educación a los municipios y crear un nuevo sistema "profesionalizado, moderno y descentralizado" llamado Servicios Locales de Educación Pública.
El discurso era seductor: "fin al lucro", "educación como derecho", "mejor gestión para los más pobres". Lo aplaudieron todos: expertos, rectores, el Colegio de Profesores, fundaciones, políticos de todos los colores. Era el proyecto estrella de la reforma educacional.
¿Y qué hicimos? Le sacamos la educación a los municipios… para entregársela a una estructura burocrática diez veces más opaca, lenta e ineficiente, con nombre largo y cero capacidad real de gestión: el SLEP. Un sistema que debutó con problemas de diseño, sin carrera directiva sólida, sin claridad de funciones, sin presupuesto adecuado, sin monitoreo, y que ahora sabemos — gracias a Contraloría, no al Mineduc — que también despilfarra millones como si fueran fichas del casino.
Es decir, cambiamos al alcalde operador por un funcionario que no responde ni a la comunidad ni a resultados. Y lo hicimos sabiendo que podía fallar. Porque hubo advertencias. Hubo informes técnicos. Hubo experiencias piloto que salieron mal. Pero el reloj político apuraba, y había que dejar el legado.
O como se le conoce ahora: SLEP = Sigue La Estafa Pública.
En la Región Metropolitana, la Contraloría detectó el uso irregular de más de $1.200 millones en los SLEP. No estamos hablando de un "error administrativo", sino de desórdenes financieros graves: pagos sin respaldo, contratos inflados, rendiciones inexistentes. Y, por supuesto, ni un solo peso devuelto ni responsables identificados.
Profesores que han trabajado meses sin contrato formal, sin correo institucional, sin saber a quién reportar ni a quién reclamar. Cargos críticos sin nombrar, escuelas sin director por más de un año, y un nivel de descoordinación tan grotesco que en algunos liceos no pueden comprar ni una resma de papel porque nadie sabe quién firma el cheque.
¿Quién fiscaliza todo esto? Nadie. Porque el Ministerio mira para el techo, la Agencia de la Calidad se dedica a hacer pruebas SIMCE inútiles, la Superintendencia no tiene dientes, y los sostenedores fantasma de los SLEP se dedican a administrar burocracia sin rendir cuentas.
Hace años que se viene gritando que esto iba a fracasar. Hay columnas, estudios del CEP, cartas al director, protestas del Colegio de Profesores, auditorías internas, papers académicos y hasta seminarios donde se decía — con datos en la mano — que los SLEP eran un Frankenstein institucional: mal diseñados, peor implementados y con cero gobernanza real.
Y lo más irónico es que, a pesar de todas las alertas, nadie se atreve a parar la máquina. Los ministros pasan como si fueran animadores de late show: sonríen, lanzan una frase inspiradora, inauguran un colegio, y se van.
Y acá no se salva nadie. Ni el segundo gobierno de Bachelet que armó este despropósito apurado por dejar legado, ni Piñera II que miró al techo con cara de póker, ni Boric y su gabinete "transformador" que en vez de detener la hemorragia prefirió aplicar más anestesia ideológica. Todos han usado la calculadora política y ninguno ha tenido el coraje de apretar el botón rojo.
Esto no se arregla con un cambio de logo, ni con una "mesa técnica", ni con una nueva unidad de acompañamiento territorial. Esto necesita cirugía mayor. Revisión total del diseño institucional, carrera directiva responsable, gobernanza con representación real de las comunidades educativas y mecanismos de fiscalización autónomos. Y por sobre todo, que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar la educación pública sin delegarla en elefantes burocráticos sin cabeza.
