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Hay algo casi tragicómico en el ciclo eterno de la educación chilena: cada elección presidencial se convierte en un festival de promesas recicladas, donde los expertos de siempre — sí, los mismos de siempre — vuelven a decir lo mismo de siempre. "Transformar la educación", "priorizar la sala de clases", "modernizar el sistema". Palabras que suenan bonitas en seminarios, pero que, al ras de suelo, no cambian nada.
Mientras tanto, los colegios se incendian — literal y figuradamente — y la violencia en las aulas crece como hiedra en un edificio abandonado. ¿Y la solución? Una ley. Otra ley. La Ley de Convivencia Escolar que hoy se tramita es un catálogo de buenas intenciones, lleno de frases como "promover el buen trato" y "erradicar la violencia", pero absolutamente desconectado de la rutina escolar real.
¿Quién puede implementar esta utopía normativa en escuelas rurales de La Araucanía o Aysén, donde ni siquiera hay un psicólogo contratado? Este año, una profesora de Quellón fue golpeada por un apoderado frente a sus alumnos; en Talcahuano, un estudiante de octavo básico apuñaló a su compañero en el patio; y en Punta Arenas, el equipo directivo de una escuela básica renunció completo por amenazas reiteradas.
No es coincidencia que la ASEDUCH ya advirtiera que esta ley puede agravar la crisis educativa si no se corrige su enfoque. Porque imponer nuevas obligaciones a sostenedores y directivos sin recursos ni acompañamiento es tan útil como exigir una reunión del Consejo Escolar… el mismo día del acto de Fiestas Patrias.
El proyecto destaca como un logro el primer Reporte Nacional de Convivencia Escolar, pero olvida decir que fue publicado recién en 2024, cuando llevamos más de 15 años con leyes al respecto.
Peor aún: se instrumentalizan tragedias humanas para legitimar la urgencia de esta ley, como si el mismo sistema que las dejó ocurrir ahora pudiera salvar a otros con una nueva firma en el Diario Oficial.
¿Dónde están los fondos comprometidos para salud mental escolar? ¿Dónde está el sistema de derivación eficaz con redes de salud? ¿Dónde está la capacitación intensiva para los docentes en gestión socioemocional? El Informe Financiero del proyecto dice: "La aplicación de las disposiciones del proyecto de ley no irroga gasto fiscal." Cero. Nada.
Pero sería injusto no reconocer que hay colegios que han roto este círculo vicioso. Comunidades educativas que, contra todo pronóstico, han construido entornos de bienestar real, con equipos comprometidos, innovación en salud mental, y una convivencia escolar que no se basa en el castigo, sino en la contención. El problema es que esos mismos colegios hoy están asfixiados por fiscalizaciones, reportes interminables y una Superintendencia que parece más interesada en el formulario que en el fondo.
Ojalá, de una vez por todas, también sea el año de escuchar a quienes están en la sala, en vez de seguir citando a quienes llevan 35 años escribiendo desde el escritorio.
