En Chile ya no sorprende que el narco tenga llaves del colegio. Las noticias recientes lo confirman: en Lo Espejo, un narcotraficante regaló kits escolares y fue ovacionado en una reunión de apoderados; en La Pintana, se denunció que bandas ofrecen "protección" a escuelas a cambio de silencio y libre tránsito de sus operadores. En Valparaíso, docentes han renunciado por amenazas directas tras sancionar a estudiantes ligados a clanes familiares del narco. Ya no es caricatura ni leyenda urbana. Es rutina.
Y no, esto no es exclusivo de las comunas populares. En el sector oriente también hay narcozorrones: jóvenes de colegio particular pagado que lavan dinero con fiestas electrónicas, que trafican en clubes privados, y que distribuyen drogas en universidades como si fuera delivery gourmet. El narco no discrimina: hoy está presente en todos los estratos sociales, en todas las comunas del país.
El narco ya no se esconde: viste de apoderado responsable, ofrece "donaciones" a la sala de profesores, organiza bingos, cuida el portón y se convierte en el "buena onda" del barrio. Mientras tanto, sus hijos trafican en los recreos, controlan pasillos y desatan violencia cuando se sienten expuestos.
La escuela pública, que alguna vez fue un bastión de transformación social, hoy es zona de disputa. No entre ideas, sino entre la omisión cobarde del Estado y la ley del más fuerte. Y lo más grave: muchos lo saben, muchos lo aceptan.
En medio de este paisaje emerge una carta publicada por estudiantes del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación: "A veces, cuando todo parece derrumbarse, las palabras no alcanzan. Por eso escribimos. Porque tenemos miedo. Porque nos duele. Porque todavía creemos que puede cambiar."
Es un texto cargado de dolor legítimo, pero también de memoria selectiva. Porque no basta con escribir. Lo que falta no son palabras, sino asumir las consecuencias de años de romantizar el caos y de convertir la violencia en identidad estudiantil.
Pero no nos equivoquemos: esto no es solo culpa de los estudiantes. Ellos son el síntoma, no la causa. Lo que estamos viendo es la factura de años de divisiones políticas mezquinas, de gobiernos incapaces de llegar a un consenso mínimo por la educación pública.
Desde entonces, vinieron una tras otra: leyes que prometían inclusión, calidad, participación, pero que en la práctica vacían de autoridad a las escuelas. En ese vacío, donde el Estado retrocedió por miedo o conveniencia, el narco entró con fuerza: con dinero, con violencia, con droga y con promesas concretas. Porque mientras los gobiernos discutían en comisiones eternas, el narco ofrecía resultados inmediatos.
Pero aún quedan docentes que resisten como último bastión contra el narco, las normas absurdas del Ministerio, sus propios colegas apáticos. Ahí están quienes no migraron a Europa por un sueldo digno, que no bajaron los brazos, aunque eso implique tener que cubrir cursos porque ni siquiera hay reemplazos.
Mi pregunta es simple: ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Porque si no hacemos el cambio ahora, será demasiado tarde. No solo perderemos la educación pública. Vamos a perder generaciones enteras.