.png&w=256&q=75){kind=small}
Navegar sin rumbo siempre termina en naufragio. La inclusión escolar, sin planificación ni apoyo real, es un barco a la deriva donde quienes más sufren son alumnos y docentes.
Eso es precisamente lo que ha sucedido con la Ley de Inclusión Escolar (Ley N° 20.845), promulgada el 29 de mayo de 2015. Pretendía ser la solución definitiva a décadas de segregación educativa en Chile, pero, tras casi una década, la realidad exhibe un sistema tambaleante y saturado, donde la inclusión es más una declaración de intenciones que una práctica efectiva.
La implementación simplista de esta ley ha ignorado sistemáticamente las diferencias contextuales entre colegios, provocando serias consecuencias en comunidades educativas que simplemente no estaban preparadas para una transición tan abrupta y poco planificada.
La eliminación de la selección académica prometía reducir brechas y mezclar realidades diversas en una misma aula, pero en la práctica terminó impactando negativamente a liceos emblemáticos que tradicionalmente han funcionado como motores efectivos de movilidad social. Estos establecimientos, reconocidos históricamente por su excelencia académica, hoy enfrentan una caída significativa en sus resultados.
La realidad expuesta por el SIMCE 2024 revela un panorama preocupante. Se observa un incremento alarmante en reportes de violencia escolar y conflictos internos en las comunidades educativas. La supuesta inclusión, sin recursos específicos ni una formación docente robusta en convivencia escolar y manejo de conflictos, ha transformado muchas escuelas en ambientes de aprendizaje hostiles.
En la práctica, la inclusión se reduce muchas veces a una mera declaración en protocolos y documentos administrativos. La mayoría de los profesores llegan al aula sin la más mínima preparación práctica para atender, por ejemplo, a niños dentro del espectro autista. Y no podemos culparlos: no es responsabilidad de los docentes la deficiente formación que reciben, sino de un sistema que insiste en exigir sin antes preparar.
Los profesores requieren urgentemente formación específica en inclusión educativa real, con énfasis en salud mental, habilidades socioemocionales y estrategias concretas para apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales. No basta con capacitaciones genéricas o protocolos administrativos vacíos; se necesitan estrategias claras, apoyos especializados y un acompañamiento constante.
La Ley de Inclusión debe reformularse urgentemente, esta vez desde estudios serios y no desde prejuicios ideológicos. Es imprescindible reconocer que la desconexión entre los gobiernos de turno y la realidad cotidiana de las escuelas ha generado consecuencias desastrosas.
La inclusión real no es una declaración política ni un acto ideológico. Es una política pública basada en evidencia, recursos adecuados y acompañamiento continuo. Casi una década después, llegó el momento de asumir la responsabilidad política por errores cometidos y corregir el rumbo de manera decidida y sostenible.
